Sin embargo, coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo sistema de tarifas eléctrico en junio de 2021 pero no motivado por este cambio, estamos siendo testigos de cuán macabros pueden ser los mecanismos que rigen el mercado energético. Hemos pasado en pocos meses de tener precios “razonables” en el mercado regulado -en el mes de noviembre de 2020 la factura eléctrica media de un hogar español se situó en 60,33€1 – a aumentar un 60% este coste -en noviembre de 2021 ascendía a 95,94€1-; sin olvidar que esta última cifra podría ser mucho mayor si no fuera por las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para rebajar considerablemente el monto final.
En esta coyuntura el Gobierno ha lanzado una batería de medidas para intentar neutralizar esta escalada de precios, pero la realidad es que la factura eléctrica se sigue disparando incluso con la incorporación de estas medidas, lo que supone en la práctica que aquellas familias que pueden acogerse al bono social en el mercado regulado ven muy reducido el descuento en el pago de este suministro básico. Y eso siempre que la calefacción no sea eléctrica, en cuyo caso las facturas de los meses invernales apenas se ven reducidas por la aplicación del bono social.
Nos dicen las personas expertas que este incremento imparable de los precios de la electricidad está directamente conectado a la subida del precio del gas en los mercados internacionales. Nos explican que es cuestión del “pool” eléctrico -el mecanismo de generación de los precios de la electricidad- y nosotras añadimos que ese mecanismo no incluye las necesidades de la ciudadanía y que la energía es un derecho, no otro bien de consumo más, porque no podemos prescindir de ella. Una metáfora sencilla y muy utilizada es aquella que dice que es como si se fuera a una frutería y se comprase 1kg de manzanas, 1kg de peras y 1kg de aguacates –mucho más caro este último-, pero al final nos acabasen cobrando esos 3 kg de fruta a precio de aguacate. ¿Absurdo? Lo parece. ¿Injusto? Diríamos que sí, al menos para la gran mayoría. A primera vista queda patente que no tiene sentido mezclar en un mismo “pool” energías de muy bajo coste (eólica, solar, hidroeléctrica, etc.) con las más caras y más contaminantes (centrales térmicas, de ciclo combinado, etc.).
El Gobierno, en un intento por frenar el impacto que supone en las familias este incremento de los precios de la electricidad, aprobó en septiembre una serie de medidas que incluyó dentro de lo que denomina como “escudo social” y que ha ido complementando y prorrogando –al menos hasta el 31 de marzo muchas de estas medidas seguirán en vigor-.
La bajada del IVA del 21 al 10%, la reducción del impuesto especial eléctrico del 5,1 al 0,5% o la eliminación del impuesto a la producción eléctrica son algunos ejemplos de las medidas adoptadas con este fin. Junto a estas, también fueron aprobadas medidas específicas para los hogares vulnerables -beneficiarios del bono social-: aumento del descuento para consumidor vulnerable -del 25 al 60%- y vulnerable severo -del 40 al 70%-, así como la aprobación del Suministro Mínimo Vital, que hasta ahora queda circunscrito a la moratoria en los cortes de suministro de electricidad, gas y agua a hogares vulnerables, de momento, hasta el 31 de marzo.
En el caso del suministro de gas se limitó la subida de la tarifa regulada –TUR– al 4% en la revisión trimestral del mes de enero y se incrementó la cuantía del bono social térmico –del que se benefician las familias que tienen concedido el bono social eléctrico–.
Todas estas “soluciones temporales” no abordan la problemática de raíz: el gasto mensual destinado al pago de facturas no ha disminuido y resulta incalculable la deuda que están acumulando miles de familias que directamente no pueden hacer frente a sus facturas y que simplemente se aferran a la “patada hacia adelante” implantada por el Gobierno, siendo conscientes de que las prórrogas no condonarán las deudas generadas. Las facturas imposibles condenan a muchas familias, si no lo hacen hoy lo harán en el futuro, a situaciones límite en ausencia de más medidas de protección.
Somos conscientes de la dificultad del problema, pero si realmente existe voluntad para resolverlo -facilitando el acceso a una cantidad de energía suficiente a todos los hogares para que se puedan desarrollar en ellos vidas saludables y que, además, el origen de esa energía sea limpio y transparente- es inevitable transformar de manera radical las lógicas, perversas, que rigen actualmente el mercado energético.
Desde Socaire y otras muchas organizaciones tenemos claro que para ello es imprescindible:
Es fundamental instaurar en nuestro modelo educativo una introducción a la crisis medioambiental consecuencia de un mal uso de los recursos energéticos, para generar el caldo de cultivo de las siguientes medidas a adoptar, que si son impuestas no serán entendidas ni defendidas por la ciudadanía y solo se verán como un sinsentido y un recorte de libertades o cosas de ricos.
Porque producir energía, tenga el origen que tenga, su gestión y su transporte siempre supone un impacto y es necesario disminuir la demanda. Por ello se hace imprescindible apostar por la eficiencia energética, pero también por otro modelo de movilidad o de agricultura, por ejemplo. No vale con loar las bondades de un modelo agroecológico de cercanía si la ciudadanía no tiene un acceso fácil al mismo, o difundir los beneficios que supone la rehabilitación integral de los edificios si solo pueden permitírselas ciertas capas sociales con suficientes recursos económicos.
En la cúspide de la pirámide que estamos dibujando esta la apuesta por las energías renovables a través, por ejemplo, del fomento de Comunidades Energéticas Solidarias que apuesten por el autoconsumo compartido. Comunidades en elas que participen de forma equilibrada la administración pública, entidades privadas, asociaciones locales y particulares, incluyendo de forma imprescindible a hogares en situación de vulnerabilidad a través de herramientas financieras que permitan su participación.
La Transición Energética ya está en marcha; es tarea de todos y todas transitar hacia un modelo más sostenible, descentralizado y democrático para no dejar en manos de los de siempre un viraje maquillado de verde que no genere cambios estructurales. Por eso, comenzar el proceso apostando por la proliferación descontrolada de megaproyectos renovables –como fundamentalmente se está haciendo en la actualidad– es empezar la casa por el tejado.
Resulta clave un modelo mucho más participativo que fomente la soberanía energética y la creación de comunidades dueñas de la generación y gestión de su propia energía. La tarta de la energía puede partirse en muchísimos más pedazos, tantos, que el precio podría dejar de ser el elemento fundamental sobre lo que todo orbita y podría garantizarse el acceso a un bien básico y el derecho a habitar espacios confortables y saludables en todos los hogares.
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