La Semana europea de lucha contra la pobreza energética 2025, que seguimos conmemorando hasta este domingo, nos brinda un necesario marco para reflexionar y visibilizar la realidad persistente en nuestra sociedad sobre el acceso universal a los servicios energéticos esenciales para preservar un nivel de vida y salud digno.
Más allá de medidas coyunturales, como la moratoria de cortes de suministro a hogares vulnerables, que aspiramos a que se consoliden, pero que en este momento tiene fecha de caducidad de 31 de diciembre de 2025, el bono social eléctrico es la medida legislativa consolidada más importante en este campo. Sin embargo, la legislación actual hace que el bono social eléctrico sea un parche limitado frente a las situaciones de pobreza energética.
Que para acogerse a un derecho se desvíe a un segmento importante de la población, la más vulnerable, hacia 5 empresas que copan más del 80% de los contratos del mercado eléctrico.
Esto es, que varía cada hora según la oferta y demanda del día, lo que supone, como está pasando este invierno, que los precios estén disparados en las horas frías y de mayor demanda (entre las 19 y las 23h) y quienes ponen calefacción eléctrica lo sufran (horas que han reflejado costes de más de 30 céntimos el kWh).
Esto es, se penaliza el sobreconsumo a quienes menos recursos tienen, como si su derecho a la energía acabase a partir de una cantidad de kWh.
Requiere una solicitud con una presentación de documentación nada sencilla para los perfiles poblacionales a los que aplica. Esto hace que 8 de cada 10 beneficiarios potenciales no reciben el #bonosocialeléctrico, según datos de Esade-Oxfam. Considerando que en la actualidad las instituciones acceden a gran cantidad de información, parece sencillo pueda aplicarse el #bonosocialeléctrico a los hogares en situación de vulnerabilidad de forma automática, como sucede en otros países.
El resultado es que muchos hogares vulnerables no encienden la calefacción para no asustarse al recibir las facturas (pobreza energética encubierta) o la encienden de forma razonable, exponiéndose a recibir facturas elevadas e incurrir en deudas que difícilmente podrán pagar.
La solución institucional ya la hemos citado anteriormente: moratoria de cortes, que es “animar” a los hogares vulnerables a que consuman lo necesario a costa de acumular deuda, que resuelve la situación hoy, pero no dibuja un horizonte muy halagüeño para estos hogares.
Frente a dedicar una ingente cantidad de dinero a sufragar un trocito de las facturas de las personas en situaciones de vulnerabilidad (que además pagamos la totalidad de los consumidores de electricidad del país), creemos en soluciones estructurales que busquen atajar el problema y hacer realmente efectivo el derecho a la energía.
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