Mujeres, vulnerabilidad energética y pandemia

El primer lugar, las mujeres hemos sufrido la crisis económica y de empleo derivada de la pandemia de forma más acusada.  Como puede observarse, en la tasa de desempleo registrado:  el 19,3% de las mujeres frente al 14,1% de los hombres, en el cuarto trimestre de 2020, cifras entre las que no se incluyen aquellas personas en situación de ERTE.  Según la OIT, esto es debido a que las mujeres tenemos empleos mayoritariamente en los sectores del turismo, comercio minorista e informales, muy afectados por esta crisis y que,  además, suelen ser empleos a jornada parcial.

En segundo lugar, el confinamiento y estar más horas en el hogar ha significado, como no podía ser de otra manera, un mayor gasto energético. Según datos de la OCU, el consumo energético en los hogares españoles ha aumentado un 28% durante el confinamiento.

Y como último ingrediente del coctel, las familias con menos ingresos y más golpeadas por la crisis económica mayoritariamente viven en casas con peor calidad constructiva, sin buenos aislamientos, -muchas veces en régimen de alquiler- lo que requiere de una mayor cantidad de energía para ser climatizadas, viéndose doblemente penalizadas al tener que pasar más tiempo en la vivienda.

Con esta cruda radiografía de la situación, entendemos que existe una emergencia social en torno a los suministros básicos para garantizar una temperatura de confort en los hogares vulnerables.

Consideramos absolutamente insuficiente ampliar las condiciones de acceso al bono social eléctrico o las moratorias de corte de suministros ligadas al estado de alarma para acabar con el aumento de las situaciones de pobreza energética. Las medidas de emergencia, que pueden paliar momentáneamente algunas urgencias, y situaciones muy graves, no van a la raíz del problema, sólo lo cronifican.

Es necesaria la definición de políticas públicas claras, con presupuesto y comprometidas en materia de vulnerabilidad y vivienda asociadas a la pobreza energética, incorporando imprescindiblemente la mirada de género en las soluciones que se propongan.

Sabemos que ninguna política pública es neutral al género y que no existe una política pública única que resuelva las situaciones de pobreza energética. Algunas de las propuestas que entendemos necesarias y urgentes para incorporar a la agenda política deberían ser: 

• Disponer de datos oficiales desagregados por sexos sobre los hogares que sufren pobreza energética, más allá de algunos estudios como los anteriormente citados.
• Dotar del presupuesto necesario a la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, incorporando la mirada de género.
• Regular el precio de los alquiler, dado la relación que existe entre vivir en régimen de alquiler y la vulnerabilidad de los hogares, que dedican unos altos porcentajes de sus ingresos a hacer frente a esta necesidad vital, no disponiendo de presupuesto para otras necesidades básicas como son la alimentación y los sumisitros.
• Rehabilitar el parque de viviendas de nuestro país desde el punto de vista de los consumos energéticos.
• Mientras se aborda la rehabilitación, hay familias que no pueden esperar, no ya al medio plazo, sino al mes que viene. Por tanto, es necesario apostar por medidas en el corto plazo, más allá del bono social eléctrico, como la implementación de una tarifa social por bloques de consumo que garantice una cantidad suficiente de energía a un muy bajo precio.

Abordar de manera integral y transversal esta problemática es una obligación de una sociedad que quiere ser justa, inclusiva y que quiere dar una respuesta integral a las vulnerabilidades. Porque los cuidados empiezan por vivir en espacios que merezcan ser habitados.