En situaciones de ola de frio, debido a la fuerte demanda energética asociada, es común que salte a la portada de los noticiarios la subida del precio de la electricidad. Suelen recordarnos el precio record que pagaremos junto a los múltiples impuestos que incluye el precio de la electricidad en España y el mecanismo de fijación de precios: la famosa subasta eléctrica. El caso es que, por unas cosas o por otras, en nuestro país el precio de la electricidad se ha duplicado en los últimos siete años. Una vez pasada la ola de frio el debate parece olvidarse y son unas personas más que otras quienes sufren estas subidas, aquellas en situación de pobreza energética.
Para bajar el recibo de la electricidad parece ineludible la modificación del actual sistema de fijación de precios, lo que ya reconocen hasta las propias autoridades en la materia, como el actual presidente de Red Eléctrica. El sistema actual, de precio “marginalista”, retribuye a las eléctricas para que nunca pierdan margen. Esto es, si el sistema produce un 99% de luz con energía eólica, hidráulica o solar –baratas– y un 1% con gas natural –mucho más cara, toda la energía se paga a precio de esta última.
Pero no es solo cuestión de modificar el mecanismo de fijación del precio de la electricidad: aproximadamente el 35% del total de la factura. En el 65% restante nos cobran por multitud de otros conceptos que se regulan mediante una legislación muy compleja y prolija. Lo más llamativo es el sistema de doble imposición, en el que al impuesto sobre la electricidad, 5,11%, se le grava con un IVA general del 21%, que hace que la factura de la electricidad soporte un 27,18% de impuestos indirectos. Además, para garantizar la seguridad de la producción y suministro se pagan los famosos peajes eléctricos, entre los que se cuelan costes que muchos cuestionan y que hacen que en España tengamos el 5º recibo eléctrico más caro de la UE y seamos el 3er país de la UE que más impuestos cobra de la electricidad según Eurostat.
La liberalización del mercado eléctrico en España, que se produjo en 1997, concibió la energía como un bien más de consumo en el que la libre competencia debía favorecer a los consumidores. Ha habido múltiples regulaciones desde entonces, pero nada de esto parece que se haya conseguido visto el desenlace hasta el momento. El resultado evidente es que pagamos uno de los precios más altos de la energía de nuestro entorno; el resultado oculto es que cada vez más hogares son empujados a la pobreza energética en España.
Según recoge el último ‘Boletín de indicadores eléctricos’, elaborado por la CNMC: 1.293.836 hogares en España están en esta situación –la mayor cifra desde que hay registros oficiales–. Hablamos de hogares que, o bien no pueden satisfacer los importes de la energía que consumen, llegando a perder el suministro; o bien no hacen un uso suficiente de la energía ante la imposibilidad de afrontar los pagos, con las consecuencias que ello tiene para la salud. Según algunos estudios, la pobreza energética causa la muerte a 7100 personas al año en España.
La idea de consagrar el acceso a la energía como un derecho fundamental es una manera de reforzar un derecho al que se tiene acceso simplemente por la condición de seres humanos. Este hecho implicaría dotarlo de mayores garantías jurídicas para hacer efectivo su ejercicio, más allá
de la aprobación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza Energética 2019-2024, que es un avance aún insuficiente. Además, cabe recordar que entre los 17 ODS –Objetivos de Desarrollo Sostenible– impulsados en 2015 por la ONU y que conforman la Agenda 2030, el séptimo hace referencia al derecho al acceso a una energía asequible y no contaminante. Por tanto, es obligado para el legislador perseguir este fin.
Más allá de algunas medidas de emergencia –como son el pago de las facturas a algunas familias por parte de servicios sociales, en las casuísticas más extremas, o decretar en algún momento una “tregua invernal” o una “tregua pandémica” en los cortes que pueden tapar instantáneamente algunas urgencias, y la vertiente mediática de la situación, pero no la atajan– el bono social es la gran herramienta de lucha contra la pobreza energética en nuestro país.
El bono social eléctrico consiste en el descuento de un porcentaje del coste de la factura, que varía entre el 25 y el 40% en función del grado de vulnerabilidad del hogar beneficiario. Desde su implantación en 2009 ha sufrido dos grandes modificaciones y ninguna ha conseguido, por desgracia, fijar una suficiente protección adicional a los consumidores vulnerables para garantizar el derecho al suministro de electricidad, que es el propósito con el que nació.
Se pueden hacer muchos análisis sobre las deficiencias en el desarrollo y la aplicación del bono social, que afloran en el momento en que se observan los escasos hogares beneficiarios: en torno a 1,5 millones, frente a los potenciales a los que reconoce la ley pero no acceden a él: unos 5,5 millones. Aunque muchos no lo crean, muchas familias no saben siquiera de su existencia o que deben estar en el mercado regulado para poder solicitarlo o, por ejemplo, confunden descuentos en sus facturas del mercado libre con el bono social.
Su no aplicación directa es una de sus grandes deficiencias. Es necesario solicitarlo y renovarlo cada dos años pasando por un proceso burocrático que en muchos casos no es sencillo para muchos sectores de la población: personas mayores, personas enfermas, personas que, en algunos casos, necesitan tramitar documentación a través de unos servicios sociales saturados, lo que lo dificulta mucho, por no enumerar los incontables casos de hogares que se quedan fuera del derecho a percibirlo, pese a estar claramente en situaciones de vulnerabilidad. No hay que olvidar que, para poder solicitar el bono social, hay que estar empadronado en una vivienda y ser el titular del punto de suministro. Lo que parece simple para algunos para otros no lo es tanto.
Otra gran problemática de estas situaciones es no blindar los bonos sociales ya concedidos. Los hogares suelen ser tentados con otras ofertas del mercado libre que no son tales, y que al aceptarlas hacen que pierdan el bono social, pasando a pagar cantidades mayores y a estar más desprotegidos ante posibles impagos.
Es indudable que incluso si tuviésemos la electricidad más barata de los países de nuestro entorno en España seguiría habiendo hogares que tendrían dificultades para el acceso a una cantidad de energía suficiente.
Cuando se abordan las soluciones ante estas situaciones debería resultar imprescindible incluir la perspectiva de la transición energética, cuya hoja de ruta marca que en 2050 el sistema energético sea eléctrico en su totalidad y neutro en emisiones de gases de efecto invernadero.
Considerando la perspectiva de la transición energética, es obligado superar las soluciones que pasan por medidas para algunos colectivos –como el bono social actual– para apostar por medidas para el conjunto de los usuarios del sistema eléctrico. Esto es, resulta imprescindible buscar la accesibilidad para todas las personas a la vez que se fomenta el ahorro a través de los buenos hábitos de consumo y la apuesta por la eficiencia energética.
En esta dirección se sitúa la propuesta de tarificación eléctrica por bloques de consumo: un modelo para el conjunto que fomentaría el ahorro pero sin incitar el no-consumo. Se trata de determinar bloques de consumo que progresivamente van incrementando el precio y que garantizan una cantidad suficiente de energía a muy bajo coste a todos los hogares.
Sistemas similares existen en Francia, Italia o Portugal, países que disminuyen el IVA para los primeros kWh de consumo. De hecho, en la actualidad ya existe un sistema de bloques de tarificación en la factura eléctrica, si bien no en función de los volúmenes de consumo sino de las horas en que la energía se consume: la tarifa de discriminación horaria. En esta, durante el horario valle –barato– se eliminan ciertos peajes de la factura para incitar a consumir a los hogares en los horarios de menor demanda.
Además, el sistema propuesto tiene la virtud de aplicarse directamente a la totalidad de la población que cuenta con un punto de suministro eléctrico, eliminando la clara falta de información entre la ciudadanía, que percibe los recibos de electricidad y sus derechos en este campo como un verdadero galimatías. Basta con fijarse en que un 60% de los hogares en España tienen contratadas tarifas en el mercado libre siendo este, según informes de la CNMC, más caro que el mercado regulado. Y lo peor de todo es que ni siquiera lo saben, ya que el 64% de los hogares dice no saber si su compañía eléctrica pertenece al mercado regulado o al mercado libre como indica el último “Panel de hogares sobre electricidad y gas” de la CNMC.
Si se quiere incluir correctamente la perspectiva de la transición energética en la propuesta, es imprescindible modular bien los bloques de consumo, ya que una vivienda con calefacción eléctrica por bomba de calor –sistema muy eficiente– tendría consumos de electricidad superiores en comparación con una vivienda que cuente con sistemas de calefacción por gas o fuentes mucho más contaminantes, pero que no computan como consumo eléctrico. Igualmente sucede en función del número de personas en las viviendas. El sistema que se implemente no debe penalizar estas situaciones.
Otra virtud de este sistema es que se gravarían los bloques superiores de consumo, aquellos que muestren un claro despilfarro. Una parte de la recaudación podría dirigirse a financiar un fondo de eficiencia que, por ejemplo, aborde otra de las problemáticas desde el punto de vista de la transición energética: la alta demanda energética de las viviendas más antiguas. Se trata de aquellas que son las que presentan peores aislamientos y que, a su vez, suelen ser en las que viven los sectores con menos recursos económicos.
Estas medidas fomentarían notablemente el acceso a una cantidad de energía suficiente para muchos de los hogares que hoy día sufren situaciones de pobreza energética, bien sea estructural o coyuntural, apostando a su vez por la imprescindible transición energética, si bien es seguro que no contarían con el beneplácito de los grandes actores del mercado energético de nuestro país.
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